El derecho al olvido digital consiste en la facultad que tiene una persona de exigir a las empresas o a los motores de búsqueda de internet que eliminen o bloqueen un dato personal tras considerar que afecta sus derechos fundamentales, con el fin de proteger sus datos personales, el derecho a la privacidad y el derecho al honor.
Se trata de un concepto que comenzó a aplicarse en 2014 en Europa y luego se extendió al resto del mundo.
Cabe aclarar que el derecho al olvido no afecta al contenido publicado: solo exige que se elimine de los resultados de una búsqueda, por considerar que aluden a un pasado superado.
El caso Costeja
El derecho al olvido toma crucial relevancia en 2014 cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor de Mario Costeja.
En 1998 el diario español La Vanguardia publicó un aviso de remate de una casa, propiedad de Mario Costeja que, en ese entonces, había sido embargado por deberle plata al Estado.
Años más tarde, junto con la digitalización del diario, Google vinculó el nombre de Mario Costeja con la subasta. Es decir, cada vez que una persona googleaba la palabra “Costeja”, este nombre aparecía indexado con un embargo que ya estaba saldado hacía años.
El Tribunal dictaminó que los motores de búsqueda eran responsables por el contenido al que apuntaban y que por lo tanto Google estaba obligado a cumplir la legislación de la Unión Europea en materia de privacidad de datos.
Mario Costeja en la “vida real” ya no era moroso, pero llevó mucho tiempo y varios juicios cambiar ese dato en la “vida virtual”. El 30 de mayo, día en que se llevó a cabo el cumplimiento del dictamen, Google recibió 12.000 solicitudes de eliminación de datos personales de su motor de búsqueda.
El caso Denegri
La productora de cine, actriz y activista social Natalia Denegri reclama que hace 26 años fue vinculada a una causa de manera injusta.
Denegri pidió que el buscador más grande de internet deje de relacionar su nombre y apellido con contenidos que, según argumentó la implicada, impactaban en su vida personal y profesional.
Por esto, demandó a Google solicitando que se suprimiera toda vinculación de sus buscadores de las palabras “Natalia Denegri”, “Natalia Ruth Denegri” o “Natalia Denegri caso Cóppola”.
Quienes apoyan el pedido de Denegri sostienen que el tema se encuadra en el campo del hábeas data y que se debe reconocer el derecho a la protección de la privacidad, reconociendo la dignidad de las personas.
El derecho al olvido no afecta al contenido publicado: solo exige que se elimine de los resultados de una búsqueda.
En el campo contrario, se dice que la aplicación del derecho al olvido va en contra al derecho de las personas a ser informadas, ya que importaría un grave deterioro a la libre circulación de información y sería una herramienta eficaz para que personalidades públicas, funcionarios públicos y/o personas de exposición pública y/o mediática supriman información que consideren que no se adecua a la imagen que deseen construir de sí mismos y de su pasado.
Asimismo, la desindexación de la información sería una limitación grave a la posibilidad de difundir y de acceder a la información desindexada, que quedaría oculta para el público en general, constituyendo por ello una forma más sutil de censura.
Cómo funciona el derecho al olvido en países donde es ley
Actualmente no hay normativas que abarquen el derecho al olvido en nuestro país.
Sin embargo, existe una ley (ley 25.326) que protege los datos personales que obren en cualquier banco de datos, incluso digitales. Además, en el ámbito de información crediticia existe una especie de “derecho al olvido” que prohíbe la posibilidad de guardar los datos relativos a la solvencia económico - financiera de un deudor luego de transcurrido los 2 ó 5 años de haber cancelado o prescrito la deuda.
En la Unión Europea y desde 2016, los ciudadanos pueden completar un formulario y reclamar a los buscadores que suprima los enlaces que redireccionan a información suya de vieja data y que lo perjudica en su vida cotidiana. En Latinoamérica no contamos con legislación al respecto.
Aun así, mediante demanda en la justicia es posible pedir que se retire información de un individuo que circula en internet. Pero de hacerlo, entran en juego el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la memoria, especialmente delicado en la región.
Aunque la intención y la posibilidad de borrar el pasado ha estado presente a lo largo de la historia, la aparición de internet ha vuelto a poner de actualidad la problemática de esta cuestión.
La eclosión de las redes sociales y las posibilidades de difundir opiniones, informaciones e imágenes de manera rápida y sin fronteras está obligando a reescribir muchas de las categorías jurídicas que conocíamos, a la vez que van surgiendo otras necesitadas de atención.
Así, junto a los tradicionales derechos y obligaciones que aparecían en los textos constitucionales y legales, hoy se ha vuelto necesario el dictado de una ley que dé certeza y seguridad jurídica al sistema.
¿Cómo solicitar a Google que elimine información personal?
Google pide que la persona que se vea afectada complete un formulario con, entre otras cosas, las URLs a eliminar del buscador. Además hay que argumentar los motivos del pedido de su eliminación.
Con respecto a los derechos de quienes suscriben, la compañía aclara: “Por motivos de privacidad, es posible que tengas derecho a solicitar que se retire determinada información personal relacionada contigo”. Y agrega: “Cuando Google recibe una solicitud, busca el equilibrio entre el derecho a la privacidad de la persona que la ha enviado y el derecho del público general a tener acceso a esa información, así como el derecho de otros usuarios a distribuirla”.
